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Por: Redacción El Imparcial Huatusco
La tarde del martes, Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, fue víctima de un ataque armado mientras realizaba actividades proselitistas. Tras la agresión, fue trasladada de emergencia a un hospital en Acayucan, donde permanece internada. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial sobre su estado de salud.
Xóchitl Tress no es ajena a la política veracruzana. Con una trayectoria pública reconocida, ha ocupado diversos cargos en administraciones anteriores. Su candidatura por Movimiento Ciudadano generó atención desde el inicio, no solo por su figura pública, sino también por las amenazas que denunció recientemente, junto con otros cuatro candidatos de su partido, ante el Gobierno del Estado y el Organismo Público Local Electoral (OPLE).
Este atentado no es un hecho aislado. En agosto de 2024, la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez, fue atacada a balazos mientras se encontraba en un café. Aunque resultó ilesa, el episodio reforzó la percepción de creciente inseguridad para los actores políticos en el sur del estado.
Violencia política, una amenaza para la democracia
El ataque contra Tress se enmarca en un contexto nacional de violencia política que ha cobrado la vida o comprometido la seguridad de decenas de candidatos y funcionarios. Veracruz, por su ubicación estratégica y sus tensiones locales, se ha convertido en una de las entidades con mayores riesgos durante procesos electorales.
La gobernadora Rocío Nahle ha reiterado el compromiso del gobierno estatal para atender las solicitudes de protección, sin embargo, los hechos evidencian que las medidas actuales son insuficientes o no están siendo aplicadas con la celeridad requerida.
¿Qué está en juego?
Más allá del caso particular de Xóchitl Tress, lo que está en juego es la integridad del proceso electoral, la libertad de participación política y el derecho de la ciudadanía a elegir en un ambiente libre de violencia e intimidación.
Si los actores políticos no pueden hacer campaña con seguridad, y si la violencia se convierte en un mecanismo para silenciar o frenar candidaturas, se erosiona gravemente la democracia local.
Conclusión
Es urgente que las autoridades estatales y federales fortalezcan los mecanismos de protección para candidatos, aceleren las investigaciones sobre los atentados y envíen un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia política.
La ciudadanía, los partidos y los medios también tienen un papel crucial: visibilizar estos hechos, exigir justicia y no permitir que el miedo imponga su ley en las urnas.
