PVEM PROPONE CÁRCEL A MUNICIPES SALIENTES POR OMISIÓN DOLOSA EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN EN VERACRUZ

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Xalapa, Veracruz

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó en el Congreso del Estado de Veracruz una iniciativa para endurecer las sanciones contra servidores públicos municipales salientes que incurran en omisión dolosa durante el proceso de entrega-recepción, una práctica que ha generado parálisis administrativa y afectaciones a servicios públicos en diversos municipios.

Durante la Segunda Sesión del Primer Receso Legislativo, la diputada Citlali Medellín Careaga expuso la propuesta ante la Diputación Permanente, la cual busca reformar la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Código Penal del Estado de Veracruz.

La legisladora señaló que en Veracruz se ha vuelto recurrente el llamado “secuestro administrativo”, mediante el cual funcionarios municipales salientes se niegan a entregar bienes, archivos, claves catastrales y sistemas financieros, impidiendo el acceso a recursos públicos y afectando la continuidad de los servicios básicos.

La iniciativa establece que la falta de firma del Acta Circunstanciada de entrega-recepción el 1 de enero sea considerada como presunción de delito, obligando al Órgano Interno de Control y a las autoridades entrantes a notificar de inmediato a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Asimismo, se propone que, ante la ausencia de las autoridades salientes, los nuevos ayuntamientos puedan iniciar funciones mediante un acta circunstanciada levantada ante notario público o autoridad competente, sin que ello excluya las acciones penales correspondientes.

En materia penal, la reforma contempla un agravante específico que incrementaría hasta en una mitad la pena cuando la omisión en la entrega-recepción provoque la interrupción de servicios públicos, la parálisis de la recaudación fiscal o ponga en riesgo la seguridad pública municipal.

“La retención de las llaves administrativas del municipio constituye un delito grave que atenta contra el patrimonio colectivo y deja en indefensión a la ciudadanía”, afirmó la diputada Medellín Careaga.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Gobernación y Vigilancia del Congreso del Estado, donde será analizada y dictaminada.

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