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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en una acción que eleva la tensión política y diplomática entre Estados Unidos y México.
De acuerdo con la acusación presentada este 29 de abril de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el mandatario estatal —militante de Morena— habría colaborado con la facción conocida como “Los Chapitos”, facilitando operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Red de funcionarios implicados
El documento judicial también incluye a otros actores políticos y exfuncionarios de alto nivel:
Enrique Inzunza Cázarez
Juan de Dios Gámez Mendívil
Gerardo Mérida Sánchez
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados habrían utilizado sus cargos públicos para proporcionar protección institucional, logística y apoyo operativo al trasiego de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
Señalamientos de la fiscalía
Según la fiscalía federal de Manhattan, esta presunta red permitió que la organización criminal operara con amplios niveles de impunidad, incluyendo el uso de escoltas y recursos públicos para garantizar el transporte seguro de drogas y armas.
Reacciones encontradas
El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un “ataque político” dirigido contra el proyecto de la Cuarta Transformación.
En contraste, el fiscal estadounidense Jay Clayton advirtió que las investigaciones continuarán y subrayó que “nadie está por encima de la ley, sin importar su rango o posición política”.
Impacto político y diplomático
Este caso podría tener repercusiones significativas en la relación bilateral entre ambos países, así como en la cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Analistas consideran que se trata de un hecho sin precedentes que podría redefinir el panorama político en Sinaloa y generar efectos a nivel nacional.
